El Juzgado Especializado para una Vida Libre de Violencia contra las Mujeres, instaló esta mañana una audiencia especial en el caso contra 14 acusados de colaborar, en diferente grado, en el feminicidio de la agente de la Policía Nacional Civil (PNC) Carla Ayala.
Arnau Baulenas, querella en el caso representado a los familiares de Carla Ayala, detalló que “la jueza -yo creo que con muy buen criterio- decidió hacer esta audiencia especial para ordenar un poco a la prueba, determinar qué testigos van a pasar O sin en algún momento puede haber algún acuerdo entre la fiscalía, querella y defensa para estimular la prueba, pero a la vez, para ordenar y que la vista pública pueda ser más ágil”.
El también director del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (IDHUCA), se escudó en que el caso tiene reserva para evitar responder si entre los testigos están ex-agentes del desaparecido Grupo de Reacción Policial (GRP).
Según la defensa de uno de los inspectores procesados, hay dos sujetos que la FGR no señaló como participantes del feminicidio. “No fue culpa de los agentes de los que ahora se incrimina”, expresó.
El propósito de la diligencia especial es ordenar la prueba que desfilará en el juicio, ya que aseguran es abundante y se debe priorizar por el grado de importancia para el desarrollo de la vista pública de este caso, que se tiene programado desarrollar el próximo 16 de marzo.
Después de dos años del feminicidio de la agente Carla Ayala, ocurrido en una fiesta en el interior de las instalaciones del GRP, se acerca a su fin para los acusados de ayudar a escapar al principal sospechoso del asesinato, el ex-policía Juan Josué Castillo Arévalo, alias “Samurái”, quien permanece prófugo de la justicia.
Además, la querella expresó que las autoridades de la Policía Nacional Civil (PNC) no muestran voluntad para capturar a “Samurai” y “denota las mentiras continuadas del anterior y actual director de la Policía Nacional Civil, además denota la complicidad institucional”.
El cadáver de la agente Carla Ayala fue encontrado enterrado en una tumba clandestina, ubicada en cantón Los Horno de San Francisco Javier, Usulután, nueve meses después de su asesinato.
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