El gobierno de Daniel Ortega a través del Ministerio de Gobernación señaló este jueves a la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, bajo la dirección de Cristiana Chamorro, de “graves inconsistencias en los informes financieros” de la organización, entre los años 2015 y 2019 y pidió al Ministerio Público una investigación al respecto.

Cristiana Chamorro, hija de la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro, y del asesinado líder opositor Pedro Joaquín Chamorro, fue citada por las autoridades correspondientes para declarar sobre las supuestas inconsistencias en horas de la mañana.

“La Fundación Violeta Barrios de Chamorro, incumplió gravemente sus obligaciones ante el Ente Regulador y del análisis a los Estados Financieros. Se obtuvieron claros indicios de lavado de dinero; por lo que el Ministerio de Gobernación, ha informado al Ministerio Público para la investigación correspondiente”, dice parte de un comunicado emitido por el Ministerio de Gobernación.

Al presentarse al lugar, Chamorro fue interrogada durante casi tres horas sobre el manejo de la Fundación, que suspendió operaciones en febrero de este año al rehusarse a inscribirse en la Ley de Agentes Extranjeros, que establece entre otras cosas, la prohibición para que los directivos de una organización puedan participar en procesos electorales.

“Quieren incriminarme en algo que es falso. Ya sabemos que seguramente están montando algunas acciones macabras y terribles para impedir que podamos trabajar para Nicaragua”, dijo Chamorro a la Voz de América.

Chamorro actualmente es aspirante a la presidencia y repunta en las encuestas como la favorita por la historia de su madre, Violeta Barrios, quien derrotó a Daniel Ortega en las elecciones de 1990, poniendo fin a una guerra que vivía el país en ese entonces.

Allanamientos a medios críticos a Ortega

Tras conocerse el comunicado de Gobernación, miembros de la Policía Nacional allanaron las oficinas del medio digital Confidencial, propiedad de Carlos Fernando Chamorro, ubicadas de forma momentánea en un edificio privado, tras haber sido confiscada la redacción central, en 2018.

Carlos Fernando Chamorro denunció que uno de sus camarógrafos fue detenido tras el allanamiento en horas de la mañana.

“Nuestro colega Leonel Gutiérrez no ha sido liberado. Sigue secuestrado de forma ilegal por la Policía. Exigimos su liberación inmediata. Demandamos a la Policía desocupar el estudio de grabación de Esta Semana que ocupan por segunda vez. Nunca van a confiscar el periodismo”, escribió el director de Confidencial en Twitter.

Los medios de comunicación que dieron cobertura al allanamiento también fueron perseguidos por agentes policiales, incluidos reporteros de agencias internacionales, como la AFP.

Luis Sequeira de AFP, señaló que los agentes le borraron todos los clips de video que había grabado en su teléfono.

“No es una cosa que la policía debería hacer. Soy periodista y ese no es su trabajo, perseguir periodistas”, dijo Sequeira a la VOA.